La Participación de los Países de América Latina y el Caribe en el Sistema Comercial Multilateral
Por Esperanza Durán
Directora de la Agencia de Cooperación y de Información para el Comercio Internacional (ACICI), Ginebra. Las opiniones expresadas en el presente artículo son plena responsabilidad del autor.
La participación de los países en desarrollo en los trabajos y negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) - anteriormente el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) - es y sigue siendo objeto de análisis e investigación (Nota 1 : La literatura sobre el tema es extensa, aunque cabe destacar entre los ejemplos más recientes: Michalopoulos (1999), Krueger (1999), Srinivasan (1999), The World Economy (2000). Tres motivos justifican esta observación. En primer lugar, la OMC es el principal foro multilateral en el que los países en desarrollo pueden promover (y defender) sus intereses comerciales a nivel internacional. En segundo lugar, cada vez son más los países en desarrollo que se adhieren a la OMC. Asimismo, los países en desarrollo participan cada vez más en la labor de la OMC y en las negociaciones comerciales multilaterales, como lo demostró el número de propuestas que estos países presentaron con motivo de la preparación de la Tercera Conferencia Ministerial de Seattle, celebrada en 1999. En tercer lugar, no sólo se ha reconocido ampliamente "el peso e importancia crecientes de los países en desarrollo en el sistema comercial multilateral", sino también que el fracaso de la Conferencia Ministerial de Seattle en mucho se debió a que en el programa de trabajo no se tuvieron en cuenta los intereses de estos países (Nota 2 : Comisión de la Unión Europea (2000).
Sin embargo, los resultados que se desprenden del examen de la participación de los países en desarrollo en la OMC pueden resultar engañosos: dichos países distan de ser un grupo homogéneo, aunque compartan las mismas preocupaciones importantes respecto de ciertas esferas de amplio alcance, como la reducción de las actuales y persistentes crestas arancelarias y de la progresividad arancelaria. No obstante, en lo que respecta a otros campos, como la liberalización progresiva del comercio en el ámbito de la agricultura y los textiles, o de bienes particularmente más sensibles como los productos tropicales, el pescado y los productos pesqueros, el calzado y las prendas de cuero, no todos los países en desarrollo apoyan las mismas posiciones, e incluso para algunos, estos campos no son prioritarios. De hecho, el abanico de temas relacionados con el comercio, tratados y negociados en el marco de la OMC, ha sobrepasado con creces el acceso a los mercados y toca temas que atañen al ámbito de políticas domésticas relacionadas con el comercio, como subvenciones, inversión, propiedad intelectual, en donde los intereses de los países en desarrollo son disimilares o incluso conflictivos. No puede darse por sentado que los intereses de los países en desarrollo coinciden necesariamente, ni que los obstáculos comerciales a los que se enfrentan son los mismos. Por tanto, resulta útil centrarse en una zona geográfica determinada y realizar un análisis más específico de las modalidades y eficacia de la participación de esa zona en concreto.
Otro de los factores indirectos, aunque relacionados, que pone de manifiesto la utilidad de examinar la participación de los países en desarrollo en el foro comercial multilateral es la espectacular proliferación de acuerdos comerciales, acuerdos regionales, uniones aduaneras y acuerdos bilaterales, en particular durante el último decenio, y en los cuales han participado tanto países desarrollados como en desarrollo. La intensificación de acuerdos de libre comercio suscita una multitud de preguntas sistémicas en cuanto a la coexistencia del regionalismo y el multilateralismo, así como del futuro de la OMC como principal órgano de elaboración de normas comerciales y foro de negociaciones comerciales multilaterales. Puesto que los países en desarrollo constituyen la mayor parte de los Miembros de la OMC (y anteriormente del GATT), es preciso evaluar la importancia que éstos otorgan al foro multilateral, en comparación con la importancia que revisten para ellos los acuerdos regionales o bilaterales. Es un hecho, por ejemplo, que los países de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) han dado tradicionalmente prioridad a los Convenios de Lomé firmados con la Unión Europea (y su actual sustituto, el Acuerdo de Colaboración de Cotonou) sobre los Acuerdos de la OMC; estos Convenios han planteado importantes interrogantes en cuanto a su compatibilidad con los acuerdos preferenciales especiales y las normas de la OMC.
La participación de América Latina y el Caribe en el GATT y la OMC, como grupo especial entre los demás países en desarrollo, reviste importancia por una serie de motivos. En primer lugar, si bien los países de esa región son distintos en numerosos aspectos (orientación comercial, tamaño de la economía, incluso idioma), comparten, sin embargo, una reciente trayectoria común: todos ellos atravesaron la crisis de la deuda en el decenio de 1980 (la llamada "década perdida") y al haberse basado anteriormente en un modelo de sustitución de importaciones, se orientaron, todos ellos casi al mismo tiempo, hacia la liberalización del comercio y la apertura de sus economías. Del mismo modo, la liberalización del comercio se convirtió en un componente esencial de la política económica de estos países, dado que uno de los elementos de sus estrategias de "estabilización" económica era promover las exportaciones a fin de superar la crisis de la deuda. Así, por primera vez, América Latina pasó a ser un participante activo del GATT y de la Ronda Uruguay. (Durán, 1994, 280-81). Por otra parte, no es mera coincidencia que la Ronda de negociaciones comerciales multilaterales más ambiciosa se iniciara justamente en ese país de América Latina. Uno de los factores que permitió el lanzamiento de dicha Ronda fue el compromiso y la personalidad del Sr. Enrique Iglesias, Ministro uruguayo de Asuntos Exteriores, que se benefició de la ayuda del muy experimentado Embajador uruguayo en Ginebra, el Sr. Julio Lacarte Muró.
En segundo lugar, la reciente trayectoria común de los países de América Latina y el Caribe llevó a numerosos acuerdos comerciales. Al término de la Ronda Uruguay, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) introdujo el concepto de "regionalismo abierto" (Nota 3 : Si bien no se ha convenido en una definición precisa de lo que se entiende por "regionalismo abierto", el concepto fue introducido en 1993 por el Grupo de Personalidades Eminentes del APEC (en la época en que el éxito de la Ronda Uruguay estaba todavía puesto en duda), para describir la tendencia hacia el logro del libre comercio regional conforme a las normas del GATT, en caso de que no pudiera alcanzarse una mayor liberalización de índole global). para ilustrar la tendencia dinámica predominante en América Latina y el Caribe hacia un liberalismo unilateral y el movimiento hacia una integración hemisférica, tendencia que ha ganado en alcance y velocidad. A nivel regional, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio representaba una iniciativa de integración regional existente desde hacía tiempo. Algunos acuerdos subregionales resultaron más efectivos, como el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), el Mercado Común del Caribe (CARICOM), la Comunidad Andina y el Mercado Común Centroamericano (MCCA). Podría añadirse incluso el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) (North American Free Trade Agreement - NAFTA), entre México, los Estados Unidos y el Canadá, del que es miembro un país de América Latina y dos miembros de la Cuadrilateral. A nivel bilateral, casi todos los países de habla hispana han firmado acuerdos bilaterales de libre comercio o acuerdos bilaterales basados en una complementación económica o en una forma de comercio libre y preferencial.
La más importante entre las iniciativas regionales de integración comercial antes mencionadas fue la decisión de los Jefes de Estado y de Gobierno de los 34 países del Hemisferio Occidental de construir un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y de finalizar las negociaciones de dicho Acuerdo para el 2005. De manera significativa, el ALCA reúne a los principales interlocutores comerciales de la región, los Estados Unidos y el Canadá. Resulta interesante que Cuba, Miembro fundador del GATT, no participe en el ALCA, y que las Bahamas, que no es miembro de la OMC (y no fue Parte Contratante del GATT) sí se cuente entre los participantes. Tras la creación del ALCA y a iniciativa del Brasil, los dirigentes de doce países de América del Sur emitieron un comunicado a principios de septiembre de 2000 ("Comunicado de Brasilia") en el que se prometía amalgamar los dos principales acuerdos comerciales de América del Sur, el MERCOSUR y la Comunidad Andina.
Dado el elevado número de acuerdos comerciales firmados en la región, es de particular importancia examinar la participación de América Latina y el Caribe en la OMC, foro comercial multilateral por excelencia. ¿A qué nivel se sitúan realmente las preocupaciones de esos países? ¿A nivel regional o multilateral? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas recíprocas de los foros multilateral y regional? ¿Tiende más la región hacia el regionalismo o hacia el multilateralismo? ¿Comparten los países de la región intereses comunes sobre cuestiones clave relativas a la OMC, como parecen reflejar los acuerdos regionales? ¿A qué mecanismos de coordinación recurre esta región? ¿Han sido éstos eficaces? ¿Existen coaliciones subregionales eficaces? Puede que las respuestas a estos interrogantes lleven a cuestiones de interés más general, como qué lecciones conviene extraer de la experiencia latinoamericana, sobre cómo pueden ejercer los países en desarrollo una influencia más eficaz en las negociaciones comerciales multilaterales; sobre la coexistencia de acuerdos regionales con el sistema comercial multilateral; sobre el nivel de aceptación por parte de los países en desarrollo de las normas comerciales multilaterales y la importancia de dicha aceptación. Todo esto lleva a plantearse la pregunta de saber si cabe la posibilidad de iniciar una nueva Ronda de negociaciones comerciales multilaterales, o si la Ronda Uruguay pasará a convertirse en la última Ronda de esta índole.
El presente artículo se divide, a continuación, de la siguiente manera: en la Parte II se presentan, de manera general y en un contexto "histórico", las alianzas y coaliciones que han participado activamente en el GATT y la OMC. La Parte III sitúa el contexto de la participación actual de América Latina y el Caribe en la OMC a través del examen del papel que estos países han desempeñado en el GATT y en la Ronda Uruguay. Conviene hacer hincapié en los mecanismos utilizados en aquel momento, en particular el Sistema Económico Latinoamericano (SELA), que resultó ser un catalizador muy eficaz de la coordinación e intercambio de informaciones entre los países de América Latina y el Caribe. En la Parte IV se pretende ilustrar las convergencias y divergencias de los intereses de los países de América Latina y el Caribe. Está claro que los países tienden a unirse cuando sus intereses coinciden, como es el caso de los miembros latinoamericanos del Grupo de Cairns, que promueven de manera conjunta la liberalización del comercio agrícola. En cambio, varios países de América Latina y el Caribe han mantenido posiciones opuestas, en particular en la diferencia relativa a los bananos, considerada un ejemplo de intereses comerciales divergentes entre los distintos países de esa región. Análogamente, la importancia que reviste para los países de América Latina y el Caribe el Mecanismo de Solución de Diferencias de la OMC se refleja claramente en su participación en ese marco más amplio, en el que han defendido sus derechos contra países desarrollados y otros países de la región. Se observan ejemplos de convergencia a través de la participación de países de América Latina en recientes negociaciones celebradas en la OMC, en especial a través de su contribución en la Tercera Conferencia Ministerial celebrada en Seattle.
En la Parte V se trata de analizar dicha participación en el foro multilateral y compararla con la participación de estos mismos países en las negociaciones que se están celebrando en el marco del ALCA.
En la Parte VI, a guisa de conclusión, se señala que, si bien los países de América Latina y el Caribe mantienen cierto interés en el foro comercial multilateral, es decir la OMC, las prioridades de estos países se sitúan más cerca de casa y prefieren negociar acuerdos a nivel bilateral, subregional y, sobre todo, hemisférico, a normas multilaterales de alcance mundial.
II. Grupos, Alianzas y Coaliciones: de la Ronda Uruguay a la OMC
Es lugar común referirse a la Organización Mundial del Comercio como a una organización dirigida por sus miembros. Su naturaleza, estructura y funcionamiento, concebidos en la época del GATT, y el hecho de ser un foro de continuas negociaciones, ha puesto de manifiesto la importancia de que los Miembros participen activamente, a fin de promover sus intereses comerciales nacionales. En el reino de las negociaciones comerciales internacionales, y en particular durante la Ronda Uruguay, la formación de pequeños grupos informales y la creación de coaliciones, que defienden intereses comunes, constituyó una práctica sólidamente establecida. La presencia e influencia de estos grupos fue especialmente importante durante la Ronda Uruguay.
En el seno de la OMC, los grupos informales se crean con el fin de intercambiar informaciones y coordinar posiciones. Algunos de ellos se fundan en una identidad o proximidad geográfica o "económica", por ejemplo el Grupo Informal de Países en Desarrollo, el Grupo Africano y el Grupo Latinoamericano y del Caribe (GRULAC). Sin embargo, dado que los intereses comunes de estos grupos se basan en una coincidencia geográfica o económica, los objetivos que comparten están con frecuencia limitados a generalidades basadas en el mínimo común denominador. Por tanto, los grupos basados en similitudes geográficas o económicas, tienden a estar menos unidos y en raras ocasiones actúan de manera colectiva para abordar cuestiones concretas. Una relativa excepción a esta tendencia general es la participación del GRULAC en las negociaciones de la Ronda Uruguay. Durante esta Ronda de negociaciones, el GRULAC fue el grupo más unido entre los grupos con afinidades geográficas y la participación colectiva de éste, en general, o a través de los países latinoamericanos miembros del Grupo de Cairns, se hizo notar considerablemente en la Ronda Uruguay.
A la inversa, otros tipos de alianzas, las creadas por países vinculados por estructuras más formales o intereses comunes más específicos, tienden a ser más eficaces, como lo son los países que participan en uniones aduaneras, que disponen de una base más sólida para actuar en común. El epítome de estos grupos es la Unión Europea, al haber cedido cada uno de los países que la conforman, la formulación de política comercial y su voz en la OMC (y anteriormente en el GATT) a la Comisión Europea. Los miembros de otros acuerdos comerciales regionales, como el MERCOSUR o la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), coordinan a menudo sus posiciones y se expresan con una voz común, pero no son las secretarías de estos grupos las que intervienen en su nombre (como en el caso de la Comunidad Europea); con frecuencia, estos grupos mantienen su propia identidad nacional cuando se trata de expresar sus opiniones o defender sus posiciones.
Existen otros grupos de países que comparten intereses comerciales particulares. El ejemplo más conocido es la Cuadrilateral, integrada por los ministros de comercio de las cuatro principales potencias comerciales, es decir el Canadá, la Comunidad Europea (representada por la Comisión), el Japón y los Estados Unidos. Otros grupos se han reunido alrededor de causas o cuestiones más específicas, y algunos de los que se formaron en la época del GATT siguen activos y han demostrado la eficacia de negociar de manera colectiva. La mejor ilustración de esta categoría es el Grupo de Cairns, formado por países exportadores de productos agropecuarios y que ejerce presión en el sentido de la liberalización de ese sector. Del examen de la participación de los países de América Latina en el GATT / la OMC, se desprende la importancia que reviste América Latina en este grupo en concreto: una tercera parte de los catorce miembros fundadores del Grupo de Cairns son latinoamericanos (la Argentina, el Brasil, Chile, Colombia y Uruguay) y otros cuatro se han unido a él desde entonces (Bolivia, Costa Rica, Guatemala y el Paraguay) (Nota 4 : En el momento de su creación en 1986, los miembros, exceptuando los cinco mencionados, eran los siguientes : Australia, el Canadá, Fiji, Hungría, Indonesia, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas y Tailandia. Hungría ha dejado de ser miembro y, además de los otros cuatro países latinoamericanos, África del Sur es ahora miembro).
Se han formado, asimismo, grupos informales alrededor de cuestiones menos específicas, como el "Grupo de la Paix", que se formó al inicio de las negociaciones de la Ronda Uruguay y en el que participaron representantes de países "moderados" para debatir los aranceles aduaneros y ciertas cuestiones conexas. Más tarde, a medida que la Ronda Uruguay iba avanzando y encontrando dificultades, el "Grupo de la Paix" ayudó a forjar los compromisos que permitieron llevar dicha Ronda a buen término. En el mismo sentido, se formó más recientemente el "Comité Invisible" (Nota 5 : Formado por funcionarios presentes en las capitales de los siguientes Miembros de la OMC : la Cuadrilateral, la Argentina, Australia, el Brasil, la India, Corea, Luxemburgo, Marruecos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Singapur y Suiza), en el que se debatieron cuestiones de interés común, con miras a adoptar un frente unido en la Primera Sesión de la Conferencia Ministerial, celebrada en Singapur en 1996. Una de las cuestiones abordadas en el seno de ese grupo fue la necesidad de entablar negociaciones generales sobre nuevas reducciones arancelarias a los productos industriales.
Antes del inicio de la Tercera Sesión de la Conferencia Ministerial de Seattle, se creó otro grupo, los "Amigos de la Ronda", para debatir la organización y gestión de las negociaciones y apoyar el principio de compromiso único, si bien se mantuvo abierta la posibilidad de llegar a resultados intermedios (Nota 6 : Los miembros son los siguientes : la Argentina, Australia, Chile, Costa Rica, la República Checa, Hungría, Corea, México, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur, Suiza, Tailandia, Uruguay y Hong Kong). Estos grupos constituyen una mezcla interesante de países desarrollados y países en desarrollo Miembros de la OMC.
Existen, asimismo, grupos formados únicamente por países en desarrollo. Durante la Ronda Uruguay, se creó el "Grupo de los Diez" (Nota 7 : Compuesto por la Argentina, el Brasil, Cuba, Egipto, la India, Nicaragua, Nigeria, el Perú, la República Unida de Tanzanía y Yugoslavia) para expresar las reservas de sus miembros sobre la negociación de las "nuevas cuestiones" abordadas en la Ronda Uruguay (los servicios, los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y las medidas en materia de inversiones) y fue particularmente activo. (Kumar 1993). Más recientemente, el llamado "Like Minded Group" (Grupo de Intereses Comunes) reunió a países (Nota 8 : Cuba, Egipto, Honduras, la India, Indonesia, Malasia, Pakistán, República Dominicana, Tanzania, Uganda y Zimbabwe) que defendían que las cuestiones relativas a la aplicación debían resolverse antes de que se entablaran nuevas negociaciones, que los países en desarrollo contaran con un plazo de tiempo más largo para aplicar ciertas obligaciones comerciales, y que se modificaran los acuerdos existentes a fin de proporcionar a los países en desarrollo los beneficios que habían negociado y que todavía no se habían materializado.
III. América Latina y el Caribe en el GATT y la Ronda Uruguay
Entre los países de América Latina y el Caribe, tan sólo el Brasil, Chile y Cuba se cuentan entre los 23 países signatarios del GATT, presentes en Ginebra en 1947. Más tarde, los demás países de América Latina y el Caribe adhirieron al GATT a través de los dos principales procedimientos, es decir el procedimiento de adhesión normal y el Artículo XXVI:5(c) (Nota 9 : El artículo estipula lo siguiente : "Si un territorio aduanero, en nombre del cual una parte contratante haya aceptado el presente Acuerdo [el GATT], goza de una autonomía completa en sus relaciones comerciales exteriores y en todas las demás cuestiones que son objeto del presente Acuerdo, o si adquiere esta autonomía, será considerado parte contratante tan pronto como sea presentado por la parte contratante responsable mediante una declaración en la que establecerá el hecho a que se hace referencia más arriba) del GATT. La mayor parte de los países del Caribe suscribieron las disposiciones del GATT (véase Cuadro 1 más abajo) a través del segundo procedimiento, el cual permitía a los territorios dependientes convertirse en Partes Contratantes sin tener que negociar la adhesión (a condición de que continuaran aceptando las mismas obligaciones que las aceptadas bajo el GATT, que ya observaban antes de la independencia).
Si bien numerosos países de América Latina y el Caribe adhirieron relativamente tarde al GATT (dos países continentales de América Latina nunca fueron Partes Contratantes del GATT, es decir el Ecuador y Panamá), la mayoría de ellos participaron muy activamente en las negociaciones de la Ronda Uruguay; algunos incluso se hallaban en pleno proceso de adhesión. Posteriormente, esos países se convirtieron en Miembros muy activos de la OMC. De hecho, los países de América Latina se distinguen de los demás países en desarrollo por haberse mostrado muy diligentes en el cumplimiento de las obligaciones de la OMC. Por otra parte, a diferencia de otros grupos de países en desarrollo, los países de América Latina y el Caribe fueron actores clave en las negociaciones de la Ronda Uruguay, ya que ejercieron una gran influencia en ciertos momentos cruciales. Conviene señalar que los cinco miembros latinoamericanos del Grupo de Cairns abortaron las negociaciones relativas al Balance a Mitad de Período, celebradas en Montreal en 1988 y que, de manera similar, los mismos provocaron la interrupción de las negociaciones sobre la agricultura y, por consiguiente, de la Conferencia Ministerial que tuvo lugar en Bruselas en 1990, y en la que se preveía finalizar la Ronda Uruguay. (Ricupero 1998, 21-22; Croome 1995, 173, 279). Sin embargo, el papel que desempeñaron estos países no fue sólo "obstruccionista" (Nota 10 : El término "obstruccionista" es discutible ; como se ha señalado, interrumpir el proceso de negociaciones en Montreal y Bruselas fue preferible al éxito "fraudulento" que hubiera retrasado la liberalización del comercio y del comercio de textiles ; de hecho, Montreal y Bruselas "salvaron" la Ronda Uruguay. (Ricupero 1998, 22). Como grupo, los países de América Latina contribuyeron de manera positiva a las negociaciones de la Ronda Uruguay, y su papel fue particularmente predominante en las negociaciones sobre los servicios.
Las circunstancias que permitieron una mayor coordinación entre los países de América Latina y el Caribe fue la existencia del Sistema Económico Latinoamericano (SELA) y el entusiasmo y compromiso del Secretario Permanente de entonces, el Embajador Carlos Pérez del Castillo. El SELA no sólo brindó apoyo a nivel analítico y práctico a las delegaciones de América Latina y el Caribe a lo largo de las negociaciones, sino que proporcionó un marco institucional de un valor incalculable, a nivel de la realización de actividades tanto en la sede en Caracas, como en Ginebra, a través de su estrecha colaboración con la UNCTAD/PNUD en su proyecto de suministro de asistencia técnica a los países de la región antes citada. Conviene destacar que incluso hoy día, ninguna de las demás regiones del mundo en desarrollo goza de las ventajas de un marco institucional de esas características, en lo que se refiere a la organización de debates y consultas.
El mandato del SELA de participar activamente en las cuestiones relativas al GATT se inició en 1982 (Nota 11 : Cuando, a iniciativa del Sr. Miguel Rodriguez Mendoza de Venezuela, entonces Director de Asuntos Exteriores en la Secretaría Permanente del SELA, el SELA celebró una Reunión de Consulta en Ginebra. El Sr. Rodriguez es actualmente Vicedirector General de la OMC). Durante la reunión del Consejo de América Latina (la Junta de Gobierno del SELA) que se celebró ese mismo año, se debatió la posición de los miembros del SELA en relación con la Reunión Ministerial de las Partes Contratantes. A partir de esa reunión, el GATT pasó a ser un punto permanente en el orden del día del Consejo de América Latina. El SELA mantuvo contactos continuos con el GRULAC, compuesto por los embajadores y representantes permanentes ante el GATT (y posteriormente la OMC) de los países que componen dicho Grupo, los cuales se reunían regularmente para debatir, intercambiar informaciones y coordinar cuestiones de interés para la región en general o para ciertos países en particular.
El SELA incluyó en su programa de trabajo estudios técnicos sobre temas relacionados con el GATT. A fin de seguir de cerca la evolución de las cuestiones abordadas en el marco del GATT, en 1984, el SELA obtuvo condición de Observador en el Consejo del GATT. Posteriormente, a medida que avanzaba el proyecto de lanzar una nueva Ronda de negociaciones comerciales multilaterales, el SELA defendió la adopción de una estrategia global que reflejara la posición común de los países de América Latina y el Caribe en el marco de dichas negociaciones. (Arriola 1994, 134-137). Al participar en la estrategia de negociación de la región, el SELA colaboró muy de cerca con la UNCTAD y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL), a través del Proyecto Regional del PNUD/UNCTAD/CEPAL (Nota 12 : Coordinado por el Sr. Sergio Delgado, de México). Este proyecto permitió obtener, entre otros instrumentos de utilidad, una evaluación cualitativa de las cuestiones en juego en dicha Ronda, así como una evaluación cuantitativa de las ofertas de acceso a los mercados hechas por la mayoría de los países desarrollados a los países de América Latina y el Caribe (Nota 13 : Documento del GATT MTN.TNC/W/41, elaborado por un equipo dirigido por la Sra. Esperanza Durán, consultora externa, y el Sr. Serafino Marchese, de la Secretaría de la UNCTAD).
Cabe destacar, asimismo, la contribución de los países de América Latina y el Caribe a las negociaciones sobre los servicios, al presentar una Estructura de Acuerdo Multilateral para el Comercio de Servicios (Nota 14 : Comunicación del Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Honduras, Jamaica, Nicaragua, México, el Perú, Trinidad y Tobago, y Uruguay ; Estructura de un Acuerdo Multilateral para el Comercio de Servicios (documento del GATT n¼ MTN/GNS/W/95, 26 de febrero de 1990), citado en Stewart 1993 (b), 2376), que recogía una serie de cuestiones de importancia para ellos y para los países en desarrollo, en general, tales como:
(a) La liberalización progresiva. El grupo de los países de América Latina y el Caribe propuso que la lista negociada de los compromisos iniciales relativos al acceso a los mercados se estableciera según el nivel de desarrollo de cada país en relación con ese sector en particular; que pudieran "anotarse" ciertos sectores a fin de obtener aclaraciones o una posible exención a las disposiciones del Acuerdo; y que el proceso inicial de liberalización se sometiera a examen tres años después.
(b) El tratamiento nacional. Se trataba de una propuesta para dispensar a los países en desarrollo de la aplicación del tratamiento nacional en materia de subvenciones a la exportación y de programas tendentes a desarrollar la capacidad de oferta interna.
(c) El tratamiento de la nación más favorecida. El documento de los países de América Latina y el Caribe proponía que se permitiera a los países en desarrollo cerrar acuerdos con otros países en desarrollo a nivel regional, subregional o intraregional, y beneficiarse así de medidas comerciales preferenciales específicas.
(d) En lo que respecta al acceso a los mercados, el Perú propuso que sólo se pudiera obligar a los países en desarrollo a otorgar concesiones en materia de acceso a los mercados si éstas correspondían a sus necesidades de desarrollo y a condición de que los proveedores de servicios extranjeros les proporcionaran transferencia de tecnología, formación de personal, acceso a la información y reinversiones en sus infraestructuras, así como programas de tecnología y de investigación.
(e) En cuanto a la cuestión crucial de la participación de los países en desarrollo, la propuesta que los países de América Latina y el Caribe pusieron sobre la mesa fue extensa y contenía una serie de métodos encaminados a proporcionar un trato especial a los países en desarrollo, entre los que conviene mencionar los siguientes: otorgar más flexibilidad a los países en desarrollo para abrir menos sectores o liberalizar un número menor de tipos de transacciones; dar "crédito y reconocimiento" a las medidas de liberalización unilaterales adoptadas por los países en desarrollo; concesión por parte de los países en desarrollo de un acceso a los mercados a condición de que pudieran exentar las subvenciones a las exportaciones del trato nacional; y la inclusión de una disposición tendente a establecer acuerdos comerciales preferenciales entre países en desarrollo.
Otro de los asuntos de particular interés para los países en desarrollo en relación con las negociaciones sobre servicios era el movimiento transfronterizo de la mano de obra. Los países de América Latina desempeñaron un papel importante al respecto, tanto individual como colectivamente. México, al igual que la India, apoyó el movimiento de personas físicas en las industrias de servicios de uso intensivo de mano de obra, como la construcción y el turismo. En 1990, varios países en desarrollo (la Argentina, Colombia, Cuba, Egipto, la India, México, el Pakistán y el Perú) presentaron una proposición de anexo sobre el "movimiento de personas como modo de prestación". (Stewart, 1993 b, 2374). Asimismo, conviene destacar que el Embajador colombiado Felipe Jaramillo fue el Presidente del Grupo de Negociación sobre los Servicios y a él se unió posteriormente el Embajador australiano David Hawes, en tanto que Copresidente de facto.
IV. La Participación en la OMC: Convergencia y Divergencia
Los países de América Latina vienen manteniendo desde hace casi dos decenios mecanismos permanentes de debates y consultas internas en relación con el GATT y la OMC a través del GRULAC y, durante las negociaciones de la Ronda Uruguay, a través del SELA. La coordinación de los países de América Latina y el Caribe se hizo particularmente visible durante las negociaciones de la Ronda Uruguay, tanto a través del "clan" latinoamericano del Grupo de Cairns, como del GRULAC. Sin embargo, si bien la región ha confluido, como se ha dicho anteriormente, hacia un gran número de cuestiones de importancia, los países de América Latina y el Caribe han estado claramente divididos respecto de varias cuestiones relacionadas con el comercio. Quizás la más evidente sea la diferencia relativa a los bananos.
A) El "Banana Split"
Se trata probablemente del caso que mejor ilustra hasta qué punto pueden divergir los intereses comerciales. El interminable conflicto comercial relativo a los bananos creó diferencias no sólo entre los Estados Unidos y la Unión Europea, sino también entre los países de América Latina y del Caribe. El origen de esta diferencia se remonta a la época del GATT, cuando las Comunidades Europeas (actualmente la Unión Europea) proporcionaron un trato comercial más favorable a las importaciones de bananos procedentes de las antiguas colonias de África, del Pacífico y del Caribe, en detrimento de otras regiones. A principios de 1993, los productores de América Latina, es decir Colombia, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Venezuela, recurrieron al Mecanismo de Solución de Diferencias quejándose del régimen discriminatorio aplicado por las Comunidades Europeas a las importaciones de bananos, que permitía las importaciones libres de aranceles aduaneros de los bananos procedentes de los países ACP y discriminaba, por tanto, las importaciones de América Latina, sometidas éstas a restricciones cuantitativas. En febrero de 1993, se estableció un Grupo Especial de Solución de Diferencias (Bananos I), cuyas decisiones, bajo el GATT, no eran de carácter vinculante. Según las conclusiones del Grupo Especial, de los 12 países pertenecientes a las Comunidades Europeas, 11 discriminaban injustamente a favor de los proveedores de los países ACP. Los países de América Latina ejercieron presión ante el Consejo del GATT para que adoptara las conclusiones del Grupo Especial. Evidentemente, no se logró llegar a un consenso en cuanto a la adopción del informe del Grupo Especial, ya que durante la reunión del Consejo del GATT, la discordia se redujo a una confrontación de argumentos entre los exportadores de bananos de América Latina, por un lado, y los del Caribe, por el otro. El temor de éstos últimos era que el Consejo del GATT adoptara las conclusiones del Grupo Especial y que perdieran así el acceso preferente a los mercados de las Comunidades Europeas del que gozaban.
Sin embargo, con el establecimiento del mercado único en 1992, las Comunidades Europeas adoptaron la Organización Común de Mercados en el Sector del Banano (Reglamento 494), lo cual complicó nuevamente la situación. A través de ese nuevo régimen de importaciones de gran alcance, establecido por las Comunidades Europeas, se introdujeron contingentes arancelarios a las importaciones de bananos, aplicables a partir del 1¼ de julio de 1993. Los países de América Latina solicitaron también en ese caso el establecimiento de un nuevo Grupo Especial (Bananos II) en contra del régimen de las Comunidades Europeas. El argumento de defensa era que el nuevo sistema de contingentes arancelarios representaba, de hecho, un aumento del arancel consolidado de las Comunidades Europeas aplicado a los bananos. Las conclusiones del segundo Grupo Especial se oponían nuevamente a la decisión adoptada por las Comunidades.
Los debates celebrados durante las reuniones del Consejo del GATT a propósito de la diferencia relativa a los bananos opuso a los países de América Latina y del Caribe. Algunas de las islas del Caribe de menor tamaño insistieron en que para ellas perder el acceso preferente del que gozaban a los mercados de las Comunidades Europeas destruiría sus economías. El debate se limitó, con frecuencia, al argumento entre América Latina y el Caribe de saber qué países eran los más pobres y cuáles necesitaban en mayor medida las exportaciones de bananos. Los países del Caribe arguyeron que el apoyo que los Estados Unidos brindaban a los países de América Latina era injusto, dado que los Estados Unidos no eran un país productor y que, por tanto, no hacían más que defender a sus grandes distribuidores.
Mientras se debatía la adopción de las conclusiones del Grupo Especial Bananos II, cuatro países de América Latina negociaron acuerdos separados directamente con la Unión Europea a cambio de que éstos no ejercieran presión en el sentido de la adopción de las conclusiones del Grupo Especial. Estos cuatro países se vieron favorecidos en la distribución de los contingentes arancelarios de las Comunidades Europeas. En efecto, Costa Rica, Colombia, Nicaragua y Venezuela firmaron el Acuerdo Marco para el Banano, por el que se asignaba a estos países el 48,64 por ciento de los contingentes de las Comunidades Europeas, a través de un sistema de licencias de exportación controvertido (Nota 14 : A través de este reglamento se estableció un contingente arancelario de 2 millones de toneladas. Tras la firma del Acuerdo Marco para el Banano, se preveía aumentar este contingente a 2,1 millones de toneladas para 1994 y a 2,2 millones para 1995. Tras la ampliación de las Comunidades Europeas en 1995, se introdujo un contingente arancelario adicional de 353 toneladas para los países de América Latina y los bananos no procedentes de los países ACP). Los países de América Latina que no habían firmado el Acuerdo, conjuntamente con los Estados Unidos que defendían a sus compañías, se sintieron en desventaja, ya que el Acuerdo Marco no obligaba a las Comunidades Europeas a modificar sus políticas, al ser éstas conformes a las disposiciones del GATT. Los demás exportadores de bananos de América Latina, es decir Guatemala, el Ecuador, Panamá, Honduras y México, trataron de elaborar una nueva propuesta. Los Estados Unidos por su parte advirtieron que iniciarían casos bajo la Sección 301 si se aplicaba el Acuerdo Marco, que entraría en vigor el 1¼ de enero de 1995. Posteriormente, Nicaragua y Venezuela ya no estaban amenazados por la aplicación de la sección 301, debido a que no aplicaban el Acuerdo Marco, ya que su producción de bananos no alcanzaba el contingente. A mediados de 1996, en lugar de intentar aplicar medidas unilaterales contra la Unión Europea (así como contra Colombia y Costa Rica) y con arreglo a lo dispuesto en la Sección 301, los Estados Unidos optaron por recurrir al Mecanismo de Solución de Diferencias de la OMC. En febrero de 1996, los Estados Unidos solicitaron la celebración de consultas con la Unión Europea y cuatro países de América Latina, o sea el Ecuador, Guatemala, Honduras y México, a los que se unió Panamá en 1998.
Al final, los países de América Latina y del Caribe estaban radicalmente divididos en la diferencia de los bananos. Cuando los Estados Unidos presentaron el caso contra la Unión Europea ante el Mecanismo de Solución de Diferencias de la OMC, los países del Caribe, junto con Colombia y Costa Rica, apoyaron a la Unión Europea, mientras que el Ecuador y los demás productores de América Latina se pusieron de parte de los Estados Unidos. La saga de los bananos dista de haberse resuelto. No obstante, por primera vez, se permitió a uno de los pequeños países en desarrollo, es decir el Ecuador, tomar medidas de retorsión contra un Miembro de la OMC por haber violado las normas comerciales. Además, en ese caso, se trataba ni más ni menos que de uno de los principales Miembros de la OMC. Por otra parte, fue también la primera vez que se autorizó la retorsión cruzada. Pese al resultado positivo, que demuestra que los países en desarrollo pueden desafiar con éxito a los Miembros más poderosos de la OMC, la acrimonia que ha dejado este litigio entre países de una misma región no va a desaparecer tan fácilmente.
B) La participación de América Latina y el Caribe en el Mecanismo de Solución de Diferencias de la OMC
Otro modo de evaluar la participación de América Latina y el Caribe en el sistema comercial multilateral es a través del Mecanismo de Solución de Diferencias de la OMC, que constituyó uno de los principales logros de la Ronda Uruguay. La muy conocida y larga diferencia relativa a los bananos no es necesariamente el caso que mejor ilustra los intereses y las coaliciones de los países de América Latina y el Caribe. Una visión más general de la participación de estos países en el Mecanismo de Solución de Diferencias, ya sea como demandantes o como demandados, permite resaltar otra faceta; de ahí algunas de las diferencias resueltas recientemente, enumeradas a continuación.
Numerosos países de América Latina se han visto involucrados en acciones contra los Estados Unidos y las Comunidades Europeas. Los casos de diferencias resueltas a favor de América Latina y en contra de los principales interlocutores comerciales (a parte de la diferencia relativa a los bananos) son los siguientes: la reclamación del Brasil, a la cual se unió Venezuela, contra los Estados Unidos sobre las pautas para la gasolina reformulada y convencional; la reclamación de Costa Rica contra los Estados Unidos sobre las restricciones a las importaciones de prendas interiores de algodón y fibras sintéticas.
El Brasil, uno de los participantes más activos en el Mecanismo de Solución de Diferencias, no ha obtenido éxito en algunos casos recientes. En la diferencia entre el Brasil, como parte demandada, y el Canadá en relación con el sector aeronaves, se validó la reclamación del Canadá según la cual las subvenciones a las exportaciones concedidas por el Brasil a su industria de aeronaves no eran conformes al Acuerdo sobre Subvenciones. Como parte reclamante, el Brasil no obtuvo éxito al reclamar que el régimen de las Comunidades Europeas no era conforme con las disposiciones del GATT de 1994, respecto de ciertas importaciones de productos avícolas.
Se han registrado casos, asimismo, entre países de América Latina y del Caribe. Por ejemplo, la reclamación de México contra Guatemala relativa a una investigación antidumping sobre el cemento de Portland; la demanda presentada por Honduras contra Nicaragua relativa a un impuesto sobre bienes y servicios procedentes de Honduras y Colombia; la reclamación de Costa Rica contra Trinidad y Tobago en relación con una investigación antidumping realizada por este último contra importaciones de pasta procedentes de Costa Rica; incluso se han llevado diferencias a la OMC entre miembros del MERCOSUR, como la demanda del Brasil contra las medidas de salvaguardia adoptadas por la Argentina a las importaciones de tejidos de algodón.
C) Los países de América Latina y el Caribe, y la Conferencia Ministerial de Seattle
Es difícil evaluar hasta qué punto la diferencia relativa a los bananos ha impedido que se establezca una cooperación más estrecha entre los países de América Latina y los del Caribe, en particular desde que se instituyó la OMC. Uno de los modos posibles es estudiar las propuestas que se presentan durante las negociaciones, como en el caso de la preparación de la Conferencia Ministerial de Seattle, en la que se preveía lanzar una nueva Ronda de negociaciones.
Durante la preparación de la Conferencia Ministerial se formaron varias alianzas en torno a diferentes temas, en particular en la segunda mitad de 1999. Sin embargo, a diferencia de la Ronda Uruguay de negociaciones, la coordinación entre los países de América Latina y los del Caribe no parecía evidente. Uno de los motivos que podría alegarse es que el SELA no estuvo tan presente como en la Ronda Uruguay. Por otra parte, en la época de la Ronda Uruguay, numerosos países de América Latina tenían escasa experiencia en el sistema comercial multilateral de negociaciones y para muchos, era la primera vez que participaban en una Ronda multilateral y carecían de experiencia e información, tanto a nivel técnico como a otros niveles. Por ello, el intercambio constante de informaciones y la coordinación informal entre ellos les era útil. En cambio, actualmente, la información se halla fácilmente a disposición y estos países no sólo están mejor informados, sino que han adquirido experiencia y conocimientos técnicos y gozan de suficiente seguridad en sí mismos como para adoptar posiciones individuales, lo que resta importancia a la necesidad de establecer una coalición. Esto pudo observarse a través del número de propuestas individuales presentadas por países de América Latina sobre temas como las medidas de salvaguardia en el caso del Brasil, Chile y Colombia, las medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio (MIC) en el caso de México y la agricultura en el caso de Jamaica. Puede que México no se uniera a ningún otro Miembro de la OMC para presentar propuestas concretas, debido a su condición única de miembro del TLCAN, único país latinoamericano miembro de uno de los principales acuerdos de libre comercio en el que participan dos países desarrollados. Sin embargo, la posición independiente de México está sólidamente establecida y es probable que el que no se uniera a otros países para presentar propuestas o declaraciones esté más bien vinculado a sus propios intereses e independencia que al hecho de pertenecer al TLCAN.
Es de notar que durante la preparación de la Conferencia Ministerial de Seattle y en el marco de los acuerdos comerciales regionales, el MERCOSUR, conjuntamente con Chile, presentó una serie de propuestas sobre la transparencia en la ayuda alimentaria, las salvaguardias especiales y las empresas comerciales estatales. Sin embargo, la Comunidad Andina y el Mercado Común Centroamericano no presentaron propuestas comunes de esa índole. Sin embargo, cabe señalar que en el caso del Mercado Común Centroamericano, un gran número de países miembros compartían posiciones comunes con otros países, tanto dentro como fuera de la región. Mencionemos, asimismo, la existencia del "Grupo Paradisus", que reunió a El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana en una voz colectiva y a través del cual estos países pudieron compartir posiciones similares sobre cuestiones como la aplicación. Pese a la ausencia de una dimensión "regional" en la Conferencia Ministerial de Seattle, los países de América Latina y el Caribe hallaron interlocutores que compartían la misma opinión sobre ciertas cuestiones, como lo ilustran las siguientes propuestas.
Uno de los documentos más completos realizados con motivo de la Conferencia Ministerial de Seattle fue el elaborado por un grupo de países en desarrollo titulado: Cuestiones relativas a la aplicación que han de examinarse en Seattle o antes (Nota 15 : Documento de la OMC WT/GC/W/354, de fecha 11 de octubre de 1999). Este documento fue presentado conjuntamente por varios países de América Latina (Cuba, la República Dominicana, El Salvador y Honduras) y a él se unieron Egipto, la India, Indonesia, Malasia, Nigeria, el Pakistán, Sri Lanka y Uganda. Esta propuesta recogía una amplia gama de cuestiones, entre las que figuraban las siguientes: antidumping; al respecto, estos países trataron de restringir las investigaciones sucesivas e inmediatas, al proponer que ninguna investigación se iniciara durante un año a partir de la fecha de finalización de la investigación previa para un mismo producto que no hubiera sido objeto de derechos antidumping. Por otra parte, que la norma del derecho antidumping fuera obligatoria tratándose de un país en desarrollo. En cuanto al Acuerdo sobre Subvenciones, este grupo de países propuso que las subvenciones utilizadas en los países en desarrollo para el desarrollo, diversificación y mejoramiento de sus industrias o agricultura, fueran no recurribles. En lo que se refiere a los derechos compensatorios, los mismos propusieron que dichos derechos se restringieran únicamente al monto por el cual la subvención excediera el nivel de minimis. En lo referente al Anexo VII, propusieron aumentar el umbral de ingresos per cápita en la clasificación de los países en desarrollo para dejar más libertad de acción en la introducción de subvenciones. En cuanto a los créditos a la exportación, que los concedidos por países en desarrollo no se consideraran subvenciones si las tasas a las que eran proporcionados estuvieran por encima del LIBOR.
En lo referente al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS) (Nota 16 : Documento de la OMC WT/GC/W/209, de fecha 17 de junio de 1999), el documento en su conjunto incluía varias propuestas presentadas parcialmente por grupos de países más reducidos. Uno de los ejemplos es la propuesta presentada por Cuba, la República Dominicana y Honduras (a la que se unió Egipto y de la que se retiró posteriormente la República Dominicana) en el que solicitaban la extensión, para los países en desarrollo, del período de transición estipulado en el párrafo 2 del artículo 65 del Acuerdo sobre los ADPIC. Análogamente, en lo que atañe a la Extensión de la Protección de las Indicaciones Geográficas (Nota 17 : Documento de la OMC WT/GC/W/208, de fecha 17 de junio de 1999), Cuba, la República Dominicana, Honduras y Nicaragua, además de Egipto, la India, Indonesia y el Pakistán, solicitaron que dicha protección se extendiera a otros productos, además de los vinos y las bebidas espirituosas.
Si bien en tanto que grupo, los países de América Latina y el Caribe no constituyeron un frente común y unido, su participación fue, no obstante, importante a nivel individual y a través de los pequeños grupos que se formaron. Resulta interesante que siete países de América Latina y uno del Caribe participaran en los llamados debates del Salón Verde (Rodríguez, 2000), de carácter restringido e informal, aunque influyente.
V. El Acuerdo de Libre Comercio de las Américas
Como se mencionó al principio, la integración comercial a nivel regional y subregional de América Latina y el Caribe se ha producido a un ritmo rápido. Sin embargo, el lanzamiento del proceso tendente a constituir un Acuerdo de Libre Comercio del Hemisferio Occidental, el ALCA, ha creado un parteaguas. El proceso se inició en la Cumbre de las Américas, que tuvo lugar en Miami en el año 1994. Se formaron doce grupos de trabajo sobre (1) acceso a los mercados; (2) procedimientos aduaneros y normas de origen; (3) inversiones; (4) normas y obstáculos técnicos al comercio; (5) medidas sanitarias y fitosanitarias; (6) subvenciones, medidas antidumping y medidas compensatorias; (7) economías de menor tamaño; (8) contratación pública; (9) derechos de propiedad intelectual; (10) servicios; (11) política de competencia; y (12) solución de diferencias.
Durante la cuarta reunión ministerial, celebrada en San José, Costa Rica, en marzo de 1998, se convino en iniciar ese mismo año un proceso de negociación. Así como el lanzamiento de la Ronda Uruguay en Punta del Este en 1986, el compromiso por la liberalización del comercio no tenía precedentes y resultó ser el esfuerzo de integración regional más ambicioso. En él participaron 34 países desarrollados y en desarrollo, incluidos los más grandes, y no sólo cubría las cuestiones relativas a la OMC, negociadas durante la Ronda Uruguay, sino también esferas que en el futuro deberán estudiarse plenamente en el foro multilateral; se trata de las inversiones, la contratación pública y la política de competencia.
La estructura de las negociaciones se basó en la que fue adoptada para la Ronda Uruguay, con un Comité de Negociaciones Comerciales encargado de supervisar el proceso de negociación y compuesto por los Viceministros de Comercio. Los grupos de negociaciones establecidos fueron los siguientes: (1) acceso a los mercados (presidido por Colombia); (2) inversiones (Cosa Rica); (3) servicios (Nicaragua); (4) contratación pública (Estados Unidos); solución de diferencias (Chile); (6) agricultura (Argentina); (7) derechos de propiedad intelectual (Venezuela); subvenciones, derechos antidumping y derechos compensatorios (Brasil); política de competencia (Perú).
Es demasiado pronto todavía para evaluar la trascendencia del proceso ALCA, en particular en el contexto de una posible nueva Ronda negociaciones comerciales multilaterales, bajo los auspicios de la OMC. Sin embargo, es evidente que el ímpetu del ALCA se opone claramente a la atención prestada por los países de América Latina y el Caribe al foro comercial multilateral. Claramente, estos países todavía tienen que atenerse a sus compromisos y participar en las actividades de la OMC, si bien da la impresión que, ante todo, éstos han dado prioridad al Acuerdo hemisférico. Dos razones justifican lo dicho: por un lado, el proceso multilateral de liberalización del comercio parece estar estancado y la probabilidad de que se lance una nueva Ronda de negociaciones es cada vez más reducida. Por el otro, las negociaciones en el seno de un grupo más restringido de intereses comunes (34 conforman el ALCA, en comparación con los 140 Miembros de la OMC), agiliza el proceso. Por otra parte, el comercio en el Hemisferio Occidental constituye la parte más elevada del total del comercio de América Latina (véase ilustración en el Cuadro 2 relativo a las exportaciones intraregionales de América Latina), lo que hace que la liberalización del comercio a nivel regional no sólo resulte más viable, sino también más lógica en ausencia de un mayor empuje a nivel multilateral.
VI. Conclusión
La trayectoria económica de los países de América Latina y el Caribe en los últimos dos años, ha permitido que esta región se abra a la liberalización del comercio. Por otra parte, los países de América Latina y el Caribe se sitúan entre los primeros países en desarrollo que se unieron a la causa del libre comercio y que emprendieron una vasta liberalización comercial unilateral. En este sentido, la participación creciente de América Latina en el GATT, en las negociaciones de la Ronda Uruguay y, por último, la OMC, ha sido consecuente con su dimensión comercial y económica. Sin embargo, el ímpetu del "regionalismo abierto" se ha hecho cada vez más dinámico y deseable. La proliferación de los acuerdos comerciales regionales ha culminado en el ambicioso proyecto de crear un Área de Libre Comercio de las Américas de aquí al año 2005, así como un bloque comercial sudamericano para 2002. El alcance de las negociaciones regionales es más amplio que a nivel multilateral. Por otra parte, parece que los países de la región dan prioridad a las negociaciones hemisféricas que a las multilaterales. Es posible que las negociaciones entre un número más restringido de países, con la misma identidad geográfica, la misma visión comercial, y cuyos intercambios comerciales se realizan en gran medida entre ellos, acelere el proceso de liberalización, no sólo edificando sobre lo que ya se ha logrado a nivel multilateral, sino ampliando el alcance y la amplitud de los temas abarcados.
Numerosos Miembros de la OMC son reacios a que se inicie una nueva Ronda completa de negociaciones. Dado que ciertas cuestiones importantes no se han resuelto todavía respecto de la aplicación de los acuerdos y no existe convergencia en relación con temas tan sensibles como las inversiones, la competencia, la contratación pública, las normas medioambientales y las normas fundamentales del trabajo, parece posible que la liberalización regional avance a un ritmo más rápido que la liberalización multilateral. Puede que en el futuro se desarrolle una liberalización a "dos velocidades"; una más rápida entre los interlocutores regionales y una más lenta a nivel multilateral; cabe, asimismo, la posibilidad de que la Ronda Uruguay se convierta en la última Ronda de negociaciones comerciales multilaterales de amplio alcance. Quizás el gran pragmatismo que se atribuye a la liberalización regional, el cual permite poner a prueba negociaciones sobre temas sensibles en foros más reducidos y ofrece la posibilidad de lograr una liberalización multilateral más amplia, sea el camino más utilizado para este nuevo Milenio.
VII. Cuadro 1 : Adhesión de los Países de América Latina y el Caribe al GATT / OMC
Nota : La fecha de adhesión no es el momento en que los países concluyen el proceso de adhesión, sino treinta días después de haberse depositado el instrumento de ratificación.
Antigua y Barbuda
Argentina
Bahamas
Barbados
Belice
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Dominica
República Dominicana
Ecuador
El Salvador
Granada
Guatemala
Guyana
Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
St. Kitts y Nevis
Santa Lucia
San Vicente y las Granadinas
Suriname
Trinidad y Tobago
Uruguay
Venezuela
VIII. Cuadro 2 : Exportaciones de América Latina por Destino (1998)
CE Europa/Estados Bálticos/ Commonwealth
Fuente: OMC, Informe Anual 1999, Estadísticas de Comercio Internacional
IX. Referencias
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